Posteado por: aliciaenelpaisdelasmascarillas | marzo 14, 2010

Si la aspiración va desamparada…

Si la aspiración va desamparada…


En México, como en casi toda América Latina, la situación de los indígenas es alarmante. El 60%  vive en condiciones de extrema pobreza[i] y el promedio de vida es 6 años inferior al de los mestizos (OACNUDH 2010)[ii].  Víctimas, además, de la discriminación como práctica social, la reivindicación de su cultura es vista como una amenaza a las formas y poderes de gobierno asentadas, lo que turba la interpretación que se da a las nuevas leyes –políticas –  incluyentes.

Por un lado, la precaria situación de estos pueblos se conecta con el forzoso establecimiento de principios  neo- liberales, como  la productividad, la eficiencia y el individualismo, sobre los valores tradicionales indígenas, como la sostenibilidad, colectividad y la naturalidad[iii]. La consecuente expansión de la agricultura comercial a gran escala resulta en las migraciones de indígenas agricultores tradicionales a las grandes ciudades, abandonando sus tradiciones culturales y uniéndose a los cinturones de pobreza.[1]

Por otro lado, a medida que avanzan los movimientos indígenas y que organismos internacionales interceden por su causa, ha surgido una corriente que concibe la cultura como el capital inicial para el progreso social y económico (contrario a la opinión tradicional) y, por ende, el patrimonio cultural, social y moral de los pueblos indígenas como herramientas clave para mejorar sus estándares de vida y para enriquecer la articulación de las sociedades y economías de la América Latina globalizada[iv]. Esto se complementa con la concepción de la globalización como una interacción de varias culturas y sistemas jurídicos de varios niveles: local, nacional, transnacional, de gran o poca fuerza coactiva, que interactúan entre si[v]y no como la hegemonía de una cultura u organización social.

Siguiendo esta línea, México reconoció en el 2001, en una reforma constitucional conocida como “Ley Indígena”, los derechos indígenas consignados en el Convenio OIT 169 de 1989[2]. Esto llevaría a la interrelación del derecho estatal y el derecho indígena, en un marco de legalidad. Sin embargo, tan solo 19 Estados Federales aprobaron la reforma. [3]

El texto declara la pluriculturalidad de la nación mexicana, reconoce el derecho de los pueblos indígenas y les concede el derecho de resolver sus conflictos internos de acuerdo a sus prácticas tradicionales. No obstante, como estas libertades están sujetas a las constituciones y leyes federales de cada estado, convierte el carácter de la reforma  en el de un nuevo discurso simbólico constitucional de multiculturalismo que no está respaldado por las legislaciones estatales.[vi]

Volviendo entonces al segundo problema, las arraigadas prácticas sociales discriminatorias afectan notoriamente la interpretación que se da a estos discursos, además de la falta de jurisprudencia al respecto, estancando visiblemente el tránsito hacia la verdadera eficacia de la reforma legal.[4]

El discurso legal se vuelve entonces un discurso apaciguador, más que transformador, en el que se enmarcan valores ideales sin aclarar los medios para cambiar verdaderamente la situación. Sumándole el respaldo de los jueces, que tampoco se deciden a cambiar el precedente judicial adoptando medidas innovadoras e incluyentes de los usos y costumbres indígenas, resulta en la degeneración del derecho como transformador social. Por ello es que, igual de importante a la declaración, es la creación de instrumentos de facto, como políticas educativas y sociales que promuevan y lleven el alcance de la “aspiración”.

Beatriz Botero – Oruga


[1] De su lastimosa situación y su des-culturización, los indígenas no dudan en culpar a organismos internacionales como la OMC que, con sus medidas han ido irrumpiendo en los campos de conocimiento y práctica de la cultura indígena.[1]

[2] Principalmente, los derechos reconocidos son los derechos a la tierra y los recursos naturales, el idioma, el origen étnico, el patrimonio cultural, la autonomía y la participación,

[3] Los estados que no aprobaron la reforma son en gran parte de mayoría indígena, por considerar que la reforma no cumple con las demandas indígenas, ni otorga las garantías necesarias.

[4] Por supuesto, hay algunas pocas excepciones, como las guardias de Oaxaca o la Ley de justicia indígena del estado de Quintana Roo


[i] ONU, State of the world’s indigenous peoples, Chapter I, Poverty and Well Being, 2010  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/sowip.html

[ii] http://www.jornada.unam.mx/2007/02/20/index.php?section=sociedad&article=045n2soc

[iii] ONU, State of the world’s indigeous peoples, op cit

[iv] DERUYTTERE, Anne. Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas reflexiones de estrategia 2001 http://www.iadb.org/sds/doc/Ind-ADLasaWP.pdf

[v] RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar. ¿Cómo tomar en serio la globalización? Conferencia en el foro “Derecho en América Latina” Universidad de los Andes, Febrero 2010

[vi] HERNÁNDEZ, Rosalba Aída: Los pueblos indígenas en México y el acceso a la justicia, 2003. http://www.justiceinmexico.org/events/pdf/Acceso-Ortiz_Hernandez.pdf

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