Posteado por: aliciaenelpaisdelasmascarillas | marzo 26, 2010

El discurso y la igualdad

El discurso y la igualdad

En una audiencia en la fiscalía por Recurso de apelación por sentencia de homicidio, interpuesta por un ex policía condenado, el abogado defensor trataba a los jueces de “vosotros” y de “señorías”  además de exponer  varios datos y pruebas de forma desorganizada, que hacía difícil seguir la línea lógica de su argumento. La actitud servil del defensor contrastó  con la sobria intervención del procurador encargado del caso (vale aclarar que era un procurador de alto rango que oficiaba de forma extraordinaria en esta audiencia), quien intervino de forma corta y organizada. Los jueces, debieron corregir repetidas veces al defensor, mientras que se mostraron bastante conformes con la actuación del procurador.

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho al debido proceso, entendido este como el derecho a la presunción de buena fe, a la representación jurídica,  a que se cumplan las garantías procesales. Sin embargo, resulta imposible no preguntarse por la posibilidad fáctica de esto. ¿Es verdaderamente posible garantizar la igualdad o la imparcialidad? Volviendo la pregunta algo más específica: ¿Puede, a pesar de la constitución semántica y argumentativa del discurso jurídico (y del sistema mismo) y del inherente factor humano del proceso, ser posible la igualdad como garantía “efectiva en el desarrollo de la actuación procesal”? (Artículo 4, Código Penal  de Colombia)

El derecho es una disciplina lingüística. Los elementos del derecho, las normas, la doctrina, el alegato y el argumento de un abogado, la presentación de pruebas y la sentencia de un juez son enunciados lingüísticos y construcciones argumentativas. El derecho es, entonces, fruto de un uso particular del lenguaje. Perelman[i], ha resaltado con anterioridad la importancia del buen uso de las tácticas retóricas y argumentativas a la hora de persuadir a un auditorio, en este caso al juez.  Y  si bien es cierto que el buen uso de la lógica proposicional o de las tácticas retóricas no hacen el procedimiento jurídico, si son mecanismos útiles y efectivos en el derecho. Esto se acentúa en la práctica penal, donde la capacidad expositiva de los abogados, ante el juez tiene consecuencias directas sobre el fallo.

Lo anterior es aparentemente evidente pero sugiere un desequilibrio en la representación legal. Volvemos entonces a la eterna pregunta sobre el derecho como abstracción y el derecho como practica. Y en la práctica existen las diferencias entre los abogados, así como en su capacidad argumentativa.  Galanter distingue sin escrúpulos entre los abogados de oficio, agobiados, por ejemplo, por muchos casos, y los abogados particulares, concentrados en casos específicos. Además, distingue en la formación y el origen de dichos abogados: entre los consultorios jurídicos y los especializados en lesiones de personas, entre los que vienen de facultades de derecho locales y los de estratos socioeconómicos altos, de renombradas facultades de derecho.[ii] Este tipo de factores inciden en la capacidad oratoria de los juristas y por tanto en el equilibrio que consagra la garantía de igualdad ante la ley.

Esto no es necesariamente una falla en el sistema jurídico como tal, sino un fenómeno que surge insalvablemente en la práctica. Es el factor humano del sistema. Por ello, en el derecho como “medio de socialización”[iii] juegan, un papel crucial la educación, la formación y la práctica legal precisamente. Esto nos lleva necesariamente a la integración de las diferentes facetas del derecho con la sociedad. De la calidad de la educación superior depende la calidad de la defensa. De la cantidad de educación depende la cantidad de incidencia en la criminalidad, etc.

El derecho, en tanto necesariamente aspira a una situación ideal (existente o no) de “deber ser” se abstrae de ciertas circunstancias sociales. Pero como institución humana debe tener en cuenta la imperfección de sus “regulandos” y su deber funcional de proveer la mayor cantidad de recursos posibles para la realización de esa aspiración social. En Colombia, la diferencia significativa entre un abogado y el otro y el capital económico y cultural de las partes, frutos de una marcada desigualdad social y alimentada por ella misma, terminan, como lo dice Galanter, por definir el litigio y el destino de los ciudadanos, y dejando las garantías procesales para otro día.

Orgua – Beatriz Botero


[i] Perelman, Chaim. Nueva retórica de la argumentación jurídica

[ii] Galanter, Marc. En Sociología Jurídica, Mauricio Villegas

[iii] Dworkin en ¿Hay repuestas correctas en el derecho?, Arango, Rodolfo

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