Posteado por: aliciaenelpaisdelasmascarillas | mayo 18, 2010

Lograr movilización: causal de eficacia

Lograr movilización: causal de eficacia

Por qué la T -025 si y la T 760 no (tanto)

Las sentencias T-025 del 2004, fallo sobre la situación de los desplazados en Colombia, y T-760 del 2008[1], sobre el cumplimiento del derecho a la salud, son dos innovadores ejemplos de la jurisprudencia activista de derechos humanos que ha caracterizado a la Corte Constitucional de Colombia durante su corta existencia. En este tipo de fallos, hablar de derechos humanos ha suscitado controversias debido a la (in)capacidad que pueda tener el Estado para cumplirlos y los diversos intereses de particulares en ello. La Corte sin embargo, ha procurado demostrar  la viabilidad de este tipo de discurso y ha liderado acciones conjuntas entre varios actores que se dirigen a la efectiva protección de los derechos fundamentales.  Sin embargo, esto no siempre ha tenido acogida y no siempre ha sido efectivo. Las dos sentencias mencionadas son dos ejemplos de lo anterior: discurso de derechos humanos, “casos estructurales” – de amplio alcance-, carácter innovador, pero también con varias diferencias tanto en su mero origen conceptual (la T-025 es un ECI, mientras que la T-760 no) como en su aplicación y resultados (el impacto que si ha generado la T-025 ante el más modesto impacto de la T-760) que permiten preguntarse en qué yace la clave para el éxito en fallos como estos.

La categoría de “Casos estructurales” ha sido aplicada por la Corte para violaciones sistemáticas de derechos y no únicamente en casos aislados. Entonces, con su decisión, busca garantizar los derechos no solo de  los particulares de la tutela sino también de todos aquellos en situaciones análogas. Para lograr esto,  crea mecanismos para acompañar y monitorear el desarrollo de la sentencia como dirigir órdenes a diversos actores para que tomen medidas para solucionar el problema (órdenes abiertas) y haciendo un seguimiento, mediante autos que complementen o reiteren las disposiciones ordenadas o dictaminando nuevas, según sea necesario. Esto, con el objeto de garantizar el efectivo cumplimiento de la resolución del tribunal y, más aún, con el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales de los colombianos.

Volviendo, entonces, a los dos casos estructurales que nos competen, vale la pena recalcar las diferencias entre ambos. En la T-025, la Corte fue más allá  del “caso estructural” y declaró un “estado de cosas inconstitucional” (ECI), porque consideró que los derechos de las víctimas estaban siendo vulnerados en todas las formas posibles y que el estado estaba procediendo de forma omisiva de sus responsabilidades con ellos. [i] La declaración del ECI surge probablemente por otra gran diferencia: el hecho de que en la T-025, la Corte se enfrentó casi a un desconocimiento de la situación de los desplazados y a un bloqueo de las acciones que debían estar llevándose a cabo con el fin de solucionar este problema. En cambio, la T-760 se enfrentó a un sistema ya establecido por la Ley 100 de 1993 pero que presentaba violaciones recurrentes de los derechos de sus usuarios. La gran diferencia, entonces, es que en la sentencia sobre el desplazamiento la Corte creó un espacio para hablar sobre esta población vulnerable (a pesar de que existía legislación anterior al respecto) mientras que en la sentencia sobre el sistema de salud quiso remediar el sistema ya existente.

Es probablemente en el carácter absolutamente innovador de la T-025, en cuanto cuasi-creadora de una nueva situación que yace su efectividad, frente a la T – 760 que ha hecho menos eco en la esfera nacional. Al declarar un ECI y prácticamente condenar al estado por negligente, la T-025 despertó mucho más revuelo en diversos círculos del país, ofreciendo una plataforma de despegue para grupos de activistas y asociaciones de desplazados. Además, la Corte procedió a expedir Autos frecuentemente y a crear una Comisión de Seguimiento que velara por el cumplimiento de la sentencia. Por último, la situación de vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada no está en los intereses particularidades de nadie (al menos de aquellos “en la legalidad”), pero es cercano a todos. El hecho de que esta población no tenga capacidad de consumo o de que viva en condiciones denigrantes afecta el desarrollo económico interno del país, la posible inversión extranjera y, además, es visto como una potencial amenaza a la seguridad de las ciudades. Así, es una situación que, si bien (desgraciadamente) interesa a pocos, su corrección no afecta a nadie.

Lo anterior, por su parte, es difícil de decir de la T-760. Por su corta existencia, es complejo hablar de la diligencia de la Corte, aunque sí es cierto que esta se demoró casi dos años en establecer una comisión de seguimiento interna, habiendo delegado esta función a dos ONG’s mediante un auto de seguimiento. Segundo, al entrar a reiterar el necesario cumplimiento de la legislación vigente, como la cobertura universal sostenible para el 2010, no fue necesariamente revolucionaria ni innovadora, lo que probablemente la apartó rápidamente de la opinión pública – además las movilizaciones existentes no se apegaron al fallo sino que continuaron bogando por un nuevo sistema de salud. Por último, los intereses de grandes empresas privadas del país están en juego (como Saludcoop) y las personas con capital para pronunciarse respecto al problema son ajenas al problema, dada la popularidad de la medicina prepagada en el país.

Entonces, probablemente la diferencia entre ambas sentencias y, por tanto, su impacto, radica en la incidencia que tuvo en la opinión pública –posiblemente producto del ECI declarado en la T-025[2]. Esto, principal característica de los “efectos simbólicos de la sentencia”, es lo que propicia la movilización de los grupos afectados y la producción de políticas públicas efectivas. La T-760, no hizo suficiente eco en la esfera nacional (¡aunque si en la esfera académica mundial!) como para iniciar una movilización masiva, la T-025 si. Como bien los dijo Rodrigo Uprimmy en el foro “Cortes y cambio social”: “La noción de “efecto simbólico” no es simplemente la retórica. El efecto simbólico afecta directamente la política pública y potencia la movilización de los grupos afectados Se demora en tener efectos. Sin embargo, a veces puede ser más importante”.

Beatriz Botero – Oruga


[1] T-025 y T-760 para efectos del trabajo.

[2] Sobre esto, vale la pena mencionar que en el”Informe sobre el derecho a la salud – inspección y vigilancia”, publicado por Dejusticia antes de la sentencia, se recomendó la declaración de un “estado de cosas inconstitucional” para la situación de la salud en Colombia.


[i] RODRÍGUEZ GARAVITO, Más allá del desplazamiento (2010)

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